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En el Forum Social Mundial, el Tribunal Internacional de Desalojos denuncia casos de violación del derecho a la vivienda

Evento popular integra actividades del Forum Social Mundial y denuncia episodios de desalojo forzado

El Forum Social Mundial 2018 (FSM) acontece, este año, en Salvador, entre los dias 13 y 17 de marzo, con el lema “Resistir es crear. Resistir es transformar”, con el objetivo de debatir y viabilizar alternativas al neoliberalismo vigente y sus diversas agresiones, a través del intercambio de conocimientos, de discusiones, debates y talleres, que reúnen la diversidad de luchas sociales. Como parte de la programación del FSM, y siguiendo la misma lógica de resistencia, este año el Tribunal Internacional de Desalojos (TID) concentra sus actividades en los dias 13 y 14 de marzo, en la Faculdad de Arquitectura de la Universidad Federal de Bahia (UFBA).

El Tribunal Internacional de Desalojos fue concebido en el FSM 2011, y es un evento popular y ético de opinión que pretende exponer, discutir y promover soluciones para los desalojos forzados que acontecen en todo el mundo. El Tribunal funciona con la participación de movimientos, organizaciones y entidades de la sociedad civil a partir de la denuncia de casos de desalojo o amenaza de remoción, que son seleccionados para la apreciación de jurados nacionales e internacionales, reconocidos por su actuación con la questión del derecho a la vivienda en las esferas jurídica y social, como también por un juri popular compuesto por representantes de movimientos y organizaciones populares. En seguida, los jurados deben proponer encaminamientos y recomendaciones sobre cada uno de los casos analizados, con el objetivo de munir a los movimientos con una herramienta para la presión y el monitoreo de soluciones por el poder público.

“El Tribunal fue creado para ser una herramienta de la Campaña Desalojos Cero,  de justicia y de solidaridad global con las luchas locales. El gran objetivo es analizar los casos de violaciones de derechos y, al final, entregar evidencias de estas violaciones y recomendaciones a los sectores responsables y a los movimientos populares, para que puedan reivindicar soluciones y monitorear”, explica Cesare Ottolini, coordinador mundial de la Alianza Internacional de Habitantes y co-fundador del Tribunal Internacional de Desalojos. En el Brasil, más de 40 casos de desalojos, realizados em los últimos 2 años, fueron inscriptos por movimientos populares y sociales para la Sesión Brasil del Tribunal.

“El Forum Social Mundial es un momento de convergencia. Realizar el Tribunal Internacional de Desalojos en este espacio es de suma importancia, pues posibilita una denuncia sobre casos de violación del derecho a la vivienda en el Brasil para una red amplia de entidades, movimientos populares y organizaciones de diversos países del mundo”, afirma Bartíria Lima da Costa, Presidenta de la Confederación Nacional de Moradores (CONAM), integrante de la Alianza Internacional de Habitantes y miembra del Comité Organizador Nacional del TID.

En esta séptima edición, el Tribunal Internacional de Desalojos tendrá cinco casos brasileños expuestos. En común, todos ellos representan comunidades víctimas de violencia en relación al territorio en que viven. Como representante de la Región Nordeste, la comunidad quilombola de la Isla de Mercês, del Municipio de Ipojuca, en Pernambuco, trae su caso de remoción forzada de un territorio ancestral, con destrucción de patrimonio cultural, para abrir espacio para las obras de infraestructura por el Gobierno del Estado. Más de 2 mil personas perdieron sus casas y más de la mitad de ellas son mujeres y criaturas. Ya en Manaus, en el Norte del Brasil, más de 3 mil familias de la comunidad Cidade das Luzes sufrieron graves violaciones de sus derechos fundamentales durante una violenta reintegración de posesión que resultó em la muerte de dos jóvenes y una criatura y en el desalojo de cerca de 12 mil personas en 2016. 

Del Sudeste, dos situaciones serán debatidas: la comunidad pesquera de Canabrava, e Minas Gerais, que reivindica su lugar de vivienda en las márgenes del Rio São Francisco; y en São Bernardo do Campo, São Paulo, la ocupación de Povo Sem Medo (Pueblo Sin Miedo), con más de 8 mil famílias, lucha contra la reintegración en el terreno donde viven. Un caso más general y que ocurre en diversos estados también será debatido en el Tribunal y refierese a la práctica de persecución, en nombre del higienismo social, de poblaciones en situación de calle.

“Lo que vemos hoy em el Brasil es un enorme descanso del Gobierno, en todas sus esferas, con esta questión urgente. Este descanso se traduce principalmente em la falta de ejecución y no cumplimiento de leyes existentes, como el Estatuto de las Ciudades, la ley de la Función Social de la Propriedad y la Regularización Fondiaria, dejando a milllones de personas desamparadas y sin acesso al derecho humano de la vivienda adecuada”, afirma Bartíria.

“Un gran desafío que enfrentamos es la falta de datos e informaciones sobre comunidades y famílias en situaciones de desalojo”, explica Ronaldo Coelho, Asesor Jurídico y de Incidencia Política de Habitat para la Humanidad Brasil, organización que también integra el Comite Organizador Nacional del TID y que desde 2016 viene haciendo un mapeamiento de comunidades en riesgo de desalojo en el estado de Pernambuco. El objetivo es proporcionar datos concretos para incidir sobre las autoridades públicas para que tomen medidas para mediar y evitar conflictos urbanos de tierra. “Hoy sabemos que el problema existe, sin embargo el no está evidenciado a través de informacioes concretas una vez que el próprio poder público no tiene una base de datos sobre estas situaciones”, concluyó.

JURADOS

Luego de oir y debatir acerca de los hechos presentados, el grupo de jurados producirá un veredicto con base en los derechos humanos que fueran des-respetados, en un relatorio a ser ampliamente difundido y con el objetivo de impactar y presionar a los gobiernos a tomar medidas para amparar a las famílias y a las comunidades en situación de desalojo. Siete representantes de diversos frentes integrarán el juri. Son ellos Nívia Moraes, Promotora de Justicia del Ministério Público de Minas Gerais; Ângela Gordilho, docente de Posgrado en Arquitetura de la UFBA; Cesare Ottolini, activista italiano por el derecho a la vivienda, coordinador mundial de la Alianza Internacional de Habitantes y co-fundador del Tribunal Internacional de Desalojos; Charlene Egídio, coordinadora y moradora de la ocupación Rosa Leão, de Minas Gerais; Lúcia Moraes, profesora de Arquitectura de la PUC-Goiás y Universidad Evangélica de Anápolis-Goiás; Luiza Veloso, defensora pública del Estado de São Paulo; y Rob Robinson, coordinador de la Alianza Canadá-Estados Unidos de Habitantes.

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